Laura, 43 años, latinoamericana, pobre, emigra a Italia porque su familia política le ha conseguido un trabajo. Y ante sí se abre la promesa de un minúsculo futuro. A su llegada la espera otro guión, el de la extorsión y el engaño: le quitan el pasaporte y la obligan a prostituirse, hasta que una noche salta de un coche en marcha y huye a España. Llega a Madrid hecha pedazos y al minuto es identificada como una simpapeles. La recluyen en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) y de nada sirve que denuncie la explotación sexual de la que ha sido víctima, ni su disponibilidad a colaborar con las autoridades a fin de desactivar una red que aún opera con soltura. A pesar de la credibilidad de sus acusaciones, es amenazada con la expulsión a su país de origen, donde la espera la banda de proxenetas dispuesta a vengar el honor del clan.

La primera pegunta que se hace Women’s Link —una organización internacional que trabaja en favor de los derechos humanos desde una perspectiva de género— es tan simple como compleja: por qué una mujer víctima de tantas violaciones de derechos fundamentales es encerrada en un precario CIE, en lugar de otorgarle el estatus de refugiada. La segunda pregunta, no menos relevante, trata de averiguar por qué España vulnera el convenio del Consejo Europeo sobre la lucha contra la trata. Esta causa, como tantas, ha sido llevada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por Women’s Link, que este miércoles celebra en Barcelona la IV edición de sus premios Género y Justicia al Descubierto. Pero aunque se les llame premios, en realidad son el resultado de una investigación que reconoce la excelencia de los pronunciamientos en relación con la equidad dentro de procesos judiciales, pero que también denuncia la excrecencia. Aquellas historias en las que muchas mujeres ven como su dignidad queda anulada (si sobreviven).

Recuerdo a Carlos Fuentes, ese autor que fue grande por sus obras pero también por comprometerse con su tiempo, el verano pasado en Formentor, cuando recibió el premio de las Letras. Ante una decena de periodistas se interrogaba acerca de cómo era posible que Centroamérica soportara la ausencia de una política incapaz de frenar esa imparable escalada de violencia estéril que sigue considerando el cuerpo de la mujer como un mero objeto a disposición de la crueldad de sus verdugos. De las razones por las que tantos estados se cruzan de brazos ante un feminicidio tan aleatorio como impune.

En realidad, quienes se merecen un premio son las personas que trabajan día a día en esta y otras organizaciones —como la fundación de Somaly Mam en Camboya o la activista hondureña Dina Meza—, mujeres y hombres que viven amenazados aunque no les mueva la ideología ni un interés personal, sino la reivindicación de la justicia que debería ajustar el mundo.

(La Vanguardia)